La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción, por unanimidad, a un proyecto de ley que establece que los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes deberán afrontar los gastos de atención médica generados en el sistema público de salud.
La iniciativa, impulsada por los diputados Cristian Gurruchaga y Nicolás González Ferro (Acuerdo por el Interior Sanluiseño), obtuvo despacho favorable en las comisiones de Finanzas, Obras Públicas y Economía, y de Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos y Familia, donde fue modificada antes de llegar al recinto.
La presidenta del bloque Ahora San Luis y titular de la comisión de Finanzas, Eugenia Gallardo, fue la encargada de fundamentar el proyecto, que recibió el acompañamiento de todos los bloques.
La norma designa al ministerio de Salud como autoridad de aplicación y lo faculta a recuperar el costo de las prestaciones brindadas en hospitales públicos directamente del conductor responsable. El recupero comprenderá tanto la atención del propio infractor como la de terceros afectados en el accidente.
Para que el Estado pueda reclamar esos gastos deberán cumplirse tres condiciones: que exista un siniestro vial en los términos de la Ley Provincial de Tránsito, que un test de alcoholemia o toxicológico arroje resultado positivo y que las prestaciones hayan sido brindadas en un establecimiento público.
El valor de los servicios será determinado por el Nomenclador Provincial y el procedimiento de facturación y cobro seguirá el régimen vigente para el recupero de prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga. En caso de incumplimiento, el ministerio de Salud podrá iniciar el cobro por la vía de apremio judicial.
El proyecto también establece el destino de los recursos recuperados: el 40% será para incentivos por productividad del personal de salud interviniente, el 30% para mantenimiento y equipamiento hospitalario y el 30% restante para financiar tratamientos de alta complejidad y otras áreas sanitarias prioritarias.
Gallardo sostuvo que la iniciativa se apoya en el principio de responsabilidad civil. “Quien causa un daño tiene un deber jurídico de repararlo”, afirmó.
Además, señaló que el proyecto no crea una nueva sanción para quienes conduzcan alcoholizados, sino que regula las consecuencias patrimoniales derivadas del daño ocasionado al Estado.
“Las consecuencias de la conducción imprudente constituyen realmente un flagelo para nuestra sociedad que no solo destruye vidas y familias, sino que somete al sistema de salud pública a una presión económica injusta y, sobre todo, evitable”, expresó.
La legisladora recordó que San Luis mantiene una política de prevención mediante controles de alcoholemia, especialmente en corredores turísticos y durante los fines de semana, donde entre el 2% y el 4% de los conductores sometidos a controles registra resultados positivos.
También explicó que ya existe un mecanismo para recuperar los gastos médicos de obras sociales, prepagas y aseguradoras de riesgos del trabajo, pero advirtió que “hay un vacío cuando estas compañías rechazan esa cobertura porque el conductor manejaba ebrio o bajo los efectos de estupefacientes”.
Gallardo destacó que existen leyes similares en Salta, Río Negro, Mendoza y Neuquén.
“Buscamos un efecto pedagógico y disuasivo, promoviendo que se tome conciencia de las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. También recuperar el costo real que produce esa irresponsabilidad para el Estado y garantizar una mayor justicia fiscal”, sostuvo.
Como ejemplo, indicó que una sola noche de internación en terapia intensiva cuesta entre $1.200.000 y $1.800.000. No obstante, aclaró que el Estado continuará garantizando la asistencia inmediata a las víctimas mediante ambulancias, atención médica y cirugías de emergencia.
La presidenta de la comisión de Salud, Verónica Causi, respaldó la iniciativa y afirmó que “cada medida que desaliente conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es una oportunidad para evitar un accidente, una lesión irreversible o una muerte”.
Media sanción para instituir el Poncho Puntano
En la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad otro proyecto de ley que propone instituir al Poncho Puntano como el oficial de la provincia.
La iniciativa, presentada por Maximiliano Valdeón (Ahora San Luis), sostiene que la prenda constituye un símbolo de la identidad histórica, cultural y tradicional de San Luis.
El diseño será el elaborado por la Federación Gaucha de San Luis, consensuado con agrupaciones tradicionalistas, historiadores y referentes culturales. Tendrá los colores naturales de la fibra de guanaco, con dos guardas más claras que representan la mixtura de culturas y flecos del mismo tono.
El ministerio de Turismo y Cultura será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo las acciones de investigación, preservación, difusión y promoción de esta prenda, que podrá utilizarse en actos protocolares, culturales, turísticos y educativos.
“Mucho más que una simple vestimenta, el Poncho Puntano acompañó durante siglos la vida cotidiana de los habitantes de nuestro territorio”, sostuvo Valdeón, quien consideró que la ley permitirá preservar una manifestación cultural profundamente arraigada en la historia provincial.
