La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay del expediente en el que se investiga presunto lavado de dinero y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La medida se tomó por un presunto conflicto de intereses vinculado a una operación inmobiliaria entre la hija del juez y un familiar del tesorero de la AFA. La decisión fue adoptada por la jueza Marina Cossio.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón, había recusado a Argibay al considerar que existía un vínculo que ponía en duda su imparcialidad: Pilar Argibay, hija del magistrado, vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino.
Esa transacción forma parte del mismo expediente donde el fiscal pidió la detención de los miembros de la cúpula de la AFA.
Una vez confirmado el apartamiento de Argibay, que se reincorporó este martes a sus funciones luego de sus vacaciones, la causa deberá ser asumida por otro magistrado. En principio, subrogaría el juez federal Guillermo Molinari.
Si Molinari se excusa, podrían intervenir Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, o el juez José Díaz Vélez, de Tucumán.
El pedido del fiscal
Además de la detención de Tapia y Toviggino, Pedro Simón solicitó la semana pasada allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos.
Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.
El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.
También Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
