El Gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La acción se concretó tras el vencimiento del plazo de dos semanas que la Argentina había dado al Reino Unido para que detuviera esas actividades.
Como había anticipado Infobae, la Argentina busca una decisión urgente mientras se conforma el tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo. Sea Lion es desarrollado en aguas al norte de las Islas Malvinas por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
La Oficina del Presidente confirmó la presentación en un comunicado fechado el 13 de octubre. El Gobierno recurrió al organismo con sede en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de preservar los derechos que invoca durante la primera etapa del procedimiento internacional.
“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, señaló el documento oficial.
La medida requerida tiene un alcance similar al de una cautelar: apunta a impedir nuevos avances del proyecto mientras los jueces examinan los fundamentos argentinos, la competencia del Tribunal y la urgencia planteada. El organismo puede aceptar el pedido, rechazarlo o disponer medidas de distinto alcance
Según la Presidencia, la solicitud procura “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
El Tribunal puede dictar medidas antes de que se conforme el arbitraje
La presentación representa un nuevo paso de la estrategia internacional anunciada por Milei el 28 de septiembre. Ese día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó dos semanas para adoptar medidas contra Sea Lion.
El plazo venció el lunes 12 de octubre. Luego de que Londres rechazara el planteo argentino y defendiera las autorizaciones concedidas por las autoridades de las islas, el Gobierno nacional avanzó con la instancia ante el Tribunal del Mar.
La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, coordina la gestión diplomática y el procedimiento internacional. En la preparación técnica intervinieron la Consejería Legal Internacional, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, y la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
El pedido se fundamenta en el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR. La norma permite requerir medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar antes de que se constituya el órgano arbitral que resolverá la controversia principal.
La Presidencia sostuvo que esa disposición habilita a las partes a solicitar una intervención para “preservar los respectivos derechos en la controversia o prevenir daños graves al medio marino” cuando la urgencia lo justifique.
El arbitraje del Anexo VII es el proceso de fondo y prevé un tribunal de cinco integrantes para examinar la interpretación y aplicación de la Convención. Su formación y desarrollo pueden extenderse durante años. En cambio, el Tribunal del Mar funciona de forma permanente y puede intervenir de manera anticipada.
Para adoptar una decisión, los jueces deberán determinar si existe una base suficiente, prima facie, para que el futuro tribunal arbitral tenga jurisdicción. También tendrán que establecer si el caso reúne las condiciones necesarias para disponer medidas urgentes.
Las medidas provisionales que ordene el Tribunal son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la CONVEMAR. Una vez conformado, el tribunal arbitral podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
El antecedente más citado por la Argentina es el de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por un reclamo de acreedores de deuda soberana. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el país recurrió al Tribunal del Mar para pedir la liberación del buque.
La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012 y, tras las audiencias, el organismo ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara la embarcación de manera inmediata e incondicional. La resolución llegó cerca de un mes después del pedido argentino.
Otro antecedente es la controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil. En 2015, una sala especial del Tribunal ordenó que no se realizaran nuevas perforaciones en un área cuya delimitación estaba en discusión, aunque permitió la continuidad de ciertas operaciones ya existentes.
Si se aplicara un calendario similar al del caso de la Fragata Libertad, una primera decisión sobre Sea Lion podría conocerse en noviembre. Hasta el momento no se anunciaron fechas de audiencia ni de resolución.
Sea Lion prevé perforaciones en 2027 y producción comercial en 2028
El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas controla el 65 % y opera el desarrollo, mientras que Rockhopper posee el 35 % restante. La compañía británica descubrió el yacimiento en 2010 y luego incorporó a la firma israelí como socia mayoritaria.
A fines de 2025, las empresas adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El objetivo es iniciar la producción comercial de petróleo durante el primer trimestre de 2028.
La fase inicial contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, identificada como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027.
El 7 de octubre, Rockhopper informó un acuerdo por USD 44 millones para adquirir una participación en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a una nueva etapa del desarrollo de Sea Lion.
La Oficina del Presidente indicó, además, que Halliburton confirmó que sus filiales se abstendrían de prestar servicios al proyecto. Navitas comunicó que reemplazaba a dos contratistas, aunque aseguró que mantenía sus planes y que no anticipaba un impacto material adverso.
La continuidad de las inversiones explica parte de la urgencia que plantea la Argentina. El Gobierno intenta obtener una definición antes de que comiencen las perforaciones y se consoliden nuevas etapas del desarrollo petrolero.
La posición argentina se apoya en la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre protección del medio marino y los recursos naturales, y el rechazo a modificaciones unilaterales mientras se mantenga la controversia.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a ambos gobiernos a negociar. La Resolución 31/49, de 1976, pidió evitar decisiones que alteraran unilateralmente la situación mientras continuara ese proceso.
Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo. La Argentina sostiene que su extracción puede generar efectos materiales que no podrían revertirse con una decisión judicial posterior y que el caso debe analizarse desde las obligaciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos, sin requerir un pronunciamiento sobre la soberanía territorial de las islas.
El Reino Unido sostiene que las actividades autorizadas en las Malvinas se ajustan a la normativa aplicable y al derecho internacional. En el cierre de su comunicado, la Presidencia reafirmó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La primera resolución del Tribunal definirá si puede intervenir y si corresponde ordenar medidas provisorias sobre Sea Lion mientras continúa el arbitraje de fondo.
