Este año el Estado nacional invertirá el 0,77% del Producto Interno Bruto (PIB) eneducación: es la proporción más baja de al menos los últimos 20 años. La cifra no implica una variación significativa con respecto a 2025 (cuando se invirtió 0,78% del PIB) y sigue lejos del 1,42% de 2023.
En este indicador no se prevé una recuperación significativa para 2027: el proyecto de Presupuesto estima una inversión del 0,79% del PIB en Educación y Cultura para el año que viene. Por fuera del período 2024-2027, para encontrar una inversión nacional menor al 1% del PIB hay que remontarse a 2005, cuando la proporción había sido del 0,92%.
Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2027”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Tomás Besada. Según el estudio, que analizó el proyecto oficial de Presupuesto 2027, el año que viene habría un incremento real del 5,6% en los recursos nacionales destinados a la función Educación y Cultura, teniendo en cuenta la inflación contemplada en el proyecto oficial.
La mejora interanual proyectada con respecto a 2026 no permitirá recuperar la brutal caída del presupuesto educativo en 2024. En pesos constantes de 2026, el gasto nacional en Educación y Cultura pasó de $16,7 billones en 2023 a $9,4 billones en 2024, y volvió a reducirse a $8,7 billones en 2025. Para este año se estiman $8,8 billones: una caída del 47,3% con respecto a 2023.
Al medir el gasto educativo nacional en relación con el tamaño de la economía, se observa que estos años marcan un piso histórico. Los datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), dependiente de la Secretaría de Educación, muestran que el máximo histórico se alcanzó en 2015 (1,59%) y que, previo a 2024, la inversión educativa nacional solo había perforado el piso del 1% en 2005, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo.
La caída de la inversión educativa no se limita al aporte de la Nación: el 75% del presupuesto educativo en Argentina es financiado por las provincias, dado que la educación obligatoria depende de ellas. Según estimaciones del Instituto Marina Vilte de CTERA, el gasto educativo consolidado –que suma Nación y provincias– pasó de 5,2% del PIB en 2023 a 4,1% en 2024, y se habría mantenido alrededor de ese nivel en 2025 y 2026. Para esos últimos tres años aún no se publicaron datos oficiales consolidados.
En la misma línea, el economista especializado en educación Alejandro Morduchowicz estimó que en 2027 los recursos totales destinados al sector rondarían el 4% del PIB. Según su análisis, la reducción no se explica solo por el recorte de recursos nacionales, sino también por la disminución de la inversión provincial, que impactó directamente en la caída de los salarios docentes –que representan, en promedio, el 90% de los presupuestos educativos provinciales–.
Educación obligatoria y universidades
La caída del gasto nacional no afectó de la misma manera a todos los niveles educativos: desde 2024 también se produjo un cambio muy marcado en la composición del presupuesto de la Secretaría de Educación.
En 2023, cuando el área todavía tenía rango de ministerio, la educación universitaria representaba el 58,16% de su presupuesto: 6 de cada 10 pesos del presupuesto educativo nacional iban a las universidades, el resto a la educación obligatoria y superior no universitaria.
Para 2027 se proyecta una distribución muy distinta. Las universidades absorberían 80,1% del presupuesto de la Secretaría de Educación: 8 de cada 10 pesos. En otras palabras, en cuatro años el peso de las universidades dentro del presupuesto educativo nacional habrá aumentado casi 22 puntos porcentuales, mientras que la participación de la educación obligatoria se reducirá prácticamente a la mitad.
Morduchowicz estima que entre 2023 y 2027 los recursos nacionales para educación básica habrán caído alrededor de 76%, frente a una reducción cercana al 25% en las universidades. Los programas destinados a educación obligatoria y superior no universitaria pasaron de representar 0,32% en 2023 a apenas 0,08% del PIB en 2027.
Este cambio de proporciones se superpone con una caída real del presupuesto para las universidades, que motivó el conflicto que lleva casi tres años y que se expresará el jueves 15 de octubre en la quinta Marcha Federal Universitaria. Al medir los recursos en relación con el PIB, el gasto universitario bajó de 0,71% en 2023 a 0,53% previsto para 2027. El impacto se ha sentido particularmente en los salarios de docentes y no docentes y en las becas estudiantiles, dos puntos recogidos en la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso aprobó en octubre de 2025, y cuyo cumplimiento ha sido exigido también por la Justicia, con un nuevo fallo del juez Martín Cormick este miércoles 30 de septiembre.
Los datos muestran que, aun después del fuerte ajuste universitario de los últimos años, las universidades nacionales tienen ahora más peso relativo dentro de un presupuesto educativo que en su conjunto es considerablemente menor al que existió hasta 2023.
El informe de Argentinos por la Educación advierte, además, que el aumento previsto para las universidades en 2027 sería prácticamente igual a la inflación: el incremento nominal sería de 20,9%, equivalente a apenas 0,3% en términos reales. Esa asignación implica que el Gobierno no tiene previsto cumplir con la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario, que estableció mecanismos de recomposición presupuestaria y salarial para las universidades públicas. Los 7,5 billones de pesos asignados al sistema universitario representan un 33% menos que los 11 billones de pesos que habían solicitado los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional.
