La fiscalía expuso que halló nueva evidencia que confirmaría la participación de Diego Emmanuel Torres en el supuesto entramado de corrupción montado durante la administración del Molino Fénix. Maniobras que le habrían permitido a él, la exdiputaba Anabela Lucero, el diputado Joaquín Beltrán y otros exfuncionarios hacerse de unos $900 millones de fondos públicos en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Diego Emmanuel Torres llegó a la audiencia presidida por el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, libre, sin esposas. Fue retirado de la sala de tribunales en la posición totalmente opuesta, esposado y escoltado por policías. El único de los imputados por la causa de corrupción Molino Fénix que, junto al diputado provincial Joaquín Beltrán, había conseguido evitar la cárcel, corre otra vez un riesgo latente de terminar alojado en el Servicio Penitenciario de San Luis. La fiscalía ratificó las imputaciones en su contra por presuntamente formar parte de una asociación ilícita que, entre otros delitos, habría robado alrededor de $900 millones de fondos públicos del emblemático complejo, basada en nueva evidencia que surgió en las últimas semanas. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) adelantaron que solicitarán para él cuatro meses de prisión preventiva, pero hasta que el juez decida si hace lugar a esa medida el exfuncionario de la era Alberto Rodríguez Saá permanecerá detenido en una comisaría de la ciudad, en primera instancia, hasta el 1°de octubre.
Torres fue imputado en marzo pasado por «peculado» y «administración fraudulenta». El 24 de agosto, lejos de deslindarse de ese proceso penal que le pesa, los funcionarios de la Fiscalía de Instrucción 3 le formularon cargos por otros tres delitos: “asociación ilícita”, un hecho más de “administración fraudulenta” y “destrucción de evidencia”, todos cargos que comparte con la exdiputada Anabela Lucero, Beltrán y los también exfuncionarios albertistas Exequiel Scarel y Enzo Lucero.
En la audiencia de este miércoles, los fiscales adjuntos Marcelo Palacio Fernández y Andrea Court ratificaron su teoría de que Torres participó en una gran cantidad de operaciones contables, en el manejo de la caja chica del Molino Fénix y la elaboración de cheques y otros comprobantes de pago. Las pruebas les permiten reconstruir que Anabela Lucero y Beltrán le encomendaban realizar pagos mediante transferencias.
A la evidencia que ya existe, tales como comunicaciones telefónicas comprometedoras, los fiscales señalaron que, en las últimas semanas, gracias a nuevas averiguaciones salieron a la luz otros elementos probatorios que complican aún más al exfuncionario. Según indicaron, encontraron pruebas que confirman que confeccionó cheques que fueron emitidos y salieron desde el Molino para concretar el desvío de fondos públicos.
Luego de que el Ministerio Público Fiscal terminara su exposición y requiriera la prisión preventiva, las defensoras Silvia Morán y Ximena Bertoli pidieron para su asistido ocho días de prórroga del arresto y tener tiempo así de analizar la evidencia recientemente incorporada a la causa.
