El ministerio del Interior de España informó este viernes que alrededor de 50.000 personas ingresaron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde la madrugada del jueves 30 de julio.
A pesar de la magnitud de la cifra, el balance oficial contrasta con las estimaciones de las autoridades locales y residentes de la ciudad costerta, que sitúan el número de ingresos cerca de las 60.000 personas en la frontera con Marruecos.
De acuerdo con los datos brindados por el departamento de Interior español, aproximadamente la mitad de los migrantes ya ha emprendido el regreso de manera voluntaria hacia territorio marroquí. Las fuerzas de seguridad locales esperaban este flujo de retorno tras una noche compleja en la que miles de personas debieron pernoctar a la intemperie debido al cierre preventivo de los comercios y servicios en la ciudad.
Medios locales de España informaron que cerca de 25.000 personas tomaron la decisión de reintegrarse a Marruecos, donde el país europeo aceleró los tramites con su similar africano para disponer de vías de regreso al territorio.
El cruce masivo dejó un trágico saldo de víctimas mortales. Fuentes policiales confirmaron que el número de fallecidos asciende a 41 personas, en su mayoría ahogadas al intentar rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal.
Ante esta situación, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil mantienen desplegado un operativo de búsqueda en las aguas cercanas.
En el plano político interno, la oposición española cargó duramente contra la gestión del oficialismo. El Partido Popular exigió la reforma urgente de la Ley de Extranjería en el Congreso, mientras que desde sectores más conservadores catalogaron la situación como una «invasión«, endureciendo el debate político nacional en torno a la gestión de los límites fronterizos en el norte de África.
En respuesta a la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta y calificó lo sucedido como una “violación de la integridad territorial de España”. Durante su comparecencia, el mandatario responsabilizó directamente a las redes de tráfico de personas, agradeció la cooperación de las autoridades marroquíes para acelerar las repatriaciones y anunció la instalación de una barrera de contención con boyas en el límite fronterizo.
El episodio provocó una fuerte reacción en el ámbito político europeo e internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tildó de «inaceptables» las imágenes registradas en Ceuta y exigió frenar los cruces irregulares. En la misma línea, mandatarios de países como Alemania y Suecia instaron a España a recuperar el control fronterizo y demandaron que Rabat acepte la restitución inmediata de los migrantes.
El Ejecutivo español reforzó de inmediato la presencia militar y policial en la zona. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó la disponibilidad de 3.000 efectivos del Ejército para colaborar con la población local, mientras que el ministerio del Interior envió 350 agentes adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, acompañados por embarcaciones de gran calado, helicópteros y equipos de buzos para asegurar el control del perímetro costero.
