Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que introduce modificaciones al sistema de enjuiciamiento penal, con el objetivo de agilizar los juicios orales y resolver las impugnaciones en el menor tiempo posible.
La iniciativa propone la supresión del Tribunal de Impugnación en lo Penal y la incorporación del recurso de revisión horizontal, mediante un tribunal integrado por tres jueces sorteados, con revisión amplia de la sentencia y sin reenvío. Además, mantiene el recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia en casos específicos.
Durante el tratamiento en el recinto, la diputada Luciana Perano destacó que el proyecto forma parte de un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado orientado a la mejora continua de la Justicia en la provincia y explicó que busca “perfeccionar el sistema de justicia penal acusatorio, optimizando la asignación de recursos judiciales, garantizando la imparcialidad en todas las etapas del proceso y fortaleciendo el acceso a la justicia”.
La legisladora remarcó además que actualmente el sistema de reenvío “genera demoras y mucha incertidumbre”, mientras que con esta reforma “los propios pares podrán hacer un examen integral de la revisión de condena basada en cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en un tiempo prudencial”. En ese sentido, señaló que un recurso de casación puede demorar ocho meses en promedio, mientras que el nuevo sistema permitirá resolver revisiones en 30 días y con jueces especializados en materia penal.
Por su parte, el diputado Christian Gurruchaga sostuvo que la iniciativa está centrada en una política de Estado del gobernador Claudio Poggi en dar lucha a la mora judicial y que la reforma “va a traer aparejado un beneficio para los justiciables, para los ciudadanos y para el vecino”.
Uno de los ejes centrales del debate fue el impacto directo de la reforma sobre víctimas e imputados. En ese marco, el diputado Bruno Mini señaló que las modificaciones en materia penal “son más cercanas al ciudadano común porque la sociedad habla más puntualmente de qué pasa con el delito y qué pasa con la consecuencia del delito”.
“La prolongación del proceso penal afecta más que nada a la víctima, que se ve sometida a un proceso que alarga esa especie de agonía. La Justicia debe, lo más rápido y lo más certero posible, poner un punto final”, advirtió el legislador.
Mini también destacó que el nuevo sistema permitirá “una revisión integral, profunda, con mayores garantías, pero además optimizando el recurso humano y administrativo para que sea en el menor tiempo posible”. Además, remarcó que limitar el reenvío evitará que las víctimas deban atravesar nuevamente un juicio, ya que esa situación “revictimiza a la persona que ha sido víctima y mantiene al imputado en la incertidumbre”.
La diputada Marisa Patafio explicó que el proyecto suprime los tribunales de impugnación en lo penal y que sus magistrados pasarán a integrar los colegios de jueces. Además, detalló que el nuevo recurso de revisión horizontal estará a cargo de tres jueces seleccionados por sorteo, en forma electrónica, aleatoria y con publicidad, ajenos a la circunscripción del hecho y sin intervención previa en la causa.
En la misma línea, el diputado Carlos ‘Charly’ Pereira aseguró que la reforma permitirá garantizar “un juicio efectivo, que respete el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, mediante “una instancia superior que pueda reanalizar o evaluar nuevamente las condenas que establezcan los tribunales inferiores”.
