Este miércoles, en Casa de Gobierno, el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, y los intendentes de La Punta, Luciano Ayala, y Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez, informaron sobre la implementación de la llamada ‘Ley del Narcotest’ en ambos municipios.
“En el marco de la ejecución, ya por segundo año consecutivo, de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los poderes públicos y con la firme decisión del gobernador Claudio Poggi de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, hoy damos a conocer la adhesión formal de estos dos municipios”, comenzó Fernández.
Destacó que esta adhesión se produce en un año en el que el universo de personas factibles de ser sometidas a la prueba “fue incrementado de forma notable”, alcanzando en la actualidad a 12.200 individuos, aproximadamente, Ese total comprende a funcionarios de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y se suma la nómina de personal de salud, policial y penitenciario, puntualizó Fernández.
Dentro de ese universo se tomarán muestras a 5.800 personas. “Como sabemos, una de las características de esta ley es la aleatoriedad. Es decir, dentro de esas 12.200 personas, todos estamos incluidos y somos aptos para ser sorteados mediante la Caja Social”, dijo.
El año pasado, de 1.909 muestras tomadas, se detectaron 48 casos positivos. “De ese total, 8 fueron por sustancias netamente ilegales y 40 por sustancias que si bien son, por ejemplo, prescripciones médicas, puede haber un abuso o una automedicación”, refirió el funcionario.
Respecto a cómo se procede en caso de un funcionario cuyo estudio da positivo, dijo que cuando éste presta servicio en el Ejecutivo Provincial se le da intervención al Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA), para el abordaje y contención. Al ser titular del Ejecutivo el Gobernador, éste puede decretar, según el caso, el cese en la función. Y los otros poderes tienen sus mecanismos, dijo.
Marcó que San Luis “ha sido pionera en este tipo de normativas”. La ley, aseguró, “ha sido replicada al día de hoy por seis provincias argentinas”. Y sumó: “Por un lado, para el vecino esto significa que el Estado brinda una garantía de idoneidad. Es decir, el funcionario público da un servicio, independientemente del rol que ocupe, en donde cada decisión tiene un peso, en mayor o menor medida. Y es el Estado quien debe garantizar que esa decisión sea libre de cualquier influencia ajena, por consumo de sustancias”.
“Desde el municipio de La Punta, previo a que se sancione esta ley, trabajamos con el doctor Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, y era nuestra intención adherir a esta ley. Por eso, una vez sancionada, presentamos un proyecto de ordenanza para adherirnos a ella, que pasó por el Concejo Deliberante. Adherimos y luego hicimos los convenios pertinentes con el Gobierno de la provincia y, el año pasado, también con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), para que hiciera estos estudios”, informó Ayala.
En el caso de La Punta, el municipio costeará al 100% los exámenes. “En el caso del Ejecutivo, (en 2025) fueron 52 funcionarios. Del Poder Legislativo fueron 6 y del Judicial o Juzgado de Faltas, 2. Este año se suman tres personas más que son del Poder Legislativo, porque hubo una actualización de concejales en La Punta. Así que vamos a estar mandando la nómina al Gobierno Provincial de 63 funcionarios de los 3 poderes. Seguramente ya la semana que viene vamos a firmar nuevamente el convenio con la UNSL, en los mismos términos que el año pasado”, adelantó el Intendente.
Consideró que esta acción va de la mano con otras políticas que desarrolla el Gobierno de la provincia, “en esta lucha, a través del ministerio de Seguridad, contra el narcotráfico, en estos operativos que se desarrollan en toda la provincia”. “Hay un trabajo muy fuerte en materia de narcomenudeo, narcotráfico y demás. Y creo que como funcionarios también tenemos que dar un poco el ejemplo y adherir”, opinó Ayala.
El Jefe Comunal de Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez.
En Merlo se aplica por primera vez
Rodríguez explicó que en el caso de Merlo tienen una ordenanza que fue aprobado previo a la aprobación de la ley provincial, mientras se discutía en la Cámara de Diputados. La Villa “decidió aprobar una ordenanza municipal y días después, quién era nuestro intendente, Juan Álvarez Pinto, realizó un decreto donde ampliaba las obligaciones que tiene la ordenanza. En la ordenanza se establece que alcanzaba a los miembros del Concejo Deliberante y que mediante un decreto municipal el intendente podría ampliar a los funcionarios de la gestión”, explicó.
En Merlo, entre los tres poderes del Estado municipal, la acción comprenderá a alrededor de 50 personas, entre concejales, la jueza de faltas y su secretario, y miembros del Gabinete Municipal. “Hemos decidido que, si bien tenemos un convenio firmado con la UNSL y tenemos un convenio firmado con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia que conduce el decano Sebastián Andújar, la idea es que cada persona que se somete al examen de narcotest afronte el gasto”, dijo el intendente Rodríguez.
Invitó a otros colegas y a otros concejos deliberantes a debatir y adherir a la ley provincial. “Tal como decía el doctor Fernández, es importante, en sintonía con el Gobierno de San Luis, que todos juntos trabajemos contra el narcotráfico. Y es importante, por supuesto, la idoneidad al momento de tomar decisiones. Los que estamos en política muchas veces tomamos decisiones que benefician o perjudican situaciones. Entonces es importante que lo hagamos en nuestros cabales”, refirió.
