La insistencia obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado. El Gobierno había anunciado esta mañana que estaba analizando un aumento en las prestaciones.
En un significativo revés para la administración libertaria, la Cámara de Diputados de la Nación logró insistir dos tercios de los votos en la ley de emergencia en discapacidad, que había sido previamente vetada por el presidente Javier Milei. Esta norma, que ha cosechado un fuerte respaldo social manifestado en marchas y movilizaciones en la calle, representa un desafío directo al corazón de la política económica del gobierno.
La votación en la Cámara baja, que culminó con 172 votos a favor, 73 rechazos y dos abstenciones (una de ellas de María Eugenia Vidal), mostró una inusual alianza de bloques críticos e impulsores de la ley, sumando incluso el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza y figuras «heridas» durante el último cierre de listas nacionales. Este resultado «resquebraja el escudo legislativo» que el Presidente había intentado mostrar bajo la consigna de «los 87 héroes».
«Discapacidad»:
Porque la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 20, 2025
¿Qué establece la ley de discapacidad?
-La ley, sancionada inicialmente a principios de julio, busca:
Actualizar los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad.
Crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Transformar automáticamente las pensiones por invalidez laboral ya vigentes en esta nueva pensión por discapacidad, garantizando el acceso a un programa de atención médica.
Regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.
El costo fiscal en disputa
El Gobierno justificó su veto argumentando el elevado costo fiscal de la medida. En el decreto de veto, calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59% del PBI). Según sus proyecciones, el grueso de este gasto provendría de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), estimadas en 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones demandarían más de $2,1 billones en 2025 y casi $4,7 billones en 2026. A esto se sumarían costos adicionales por la incorporación al Programa Incluir Salud y la actualización de aranceles.
Sin embargo, estas cifras no coinciden con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La OPC calculó un impacto fiscal más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Además, la OPC indicó que si laemergencia en discapacidad se aplicara únicamente sin otros ajustes (como la movilidad jubilatoria o bonos adicionales), el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
El desafío se traslada al Senado
Con esta decisión de Diputados, la «pulseada se traslada ahora al Senado», donde el oficialismo enfrenta un escenario «aún más adverso que en la Cámara baja». Este pisodio marca un nuevo y significativo revés para la administración libertaria, que ve desafiado uno de los pilares de su estrategia económica y un emblema clave para su campaña electoral.