La Justicia pidió imputar a Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía solicitó fijar audiencia de formulación de cargos en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Es otro de los exfuncionarios del último gobierno provincial alcanzados por causas de corrupción; dos de ellos ya fueron condenados.

La investigación judicial sobre presuntos hechos de corrupción durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía de Instrucción N° 1 solicitó al Juzgado de Garantía N° 3 que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el exministro Nicolás Vicente Anzulovich Aguilar, en una causa caratulada por averiguación de enriquecimiento ilícito.

El pedido constituye un paso procesal clave: es el momento en el que el fiscal comunica formalmente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, bajo qué figura legal y con qué elementos iniciales de prueba. A partir de esa audiencia, la imputación deja de ser una hipótesis investigativa y adquiere formalidad judicial.

Según el documento, la solicitud se realiza sin detenidos, lo que indica que el exfuncionario no se encuentra privado de su libertad y que, al menos en esta instancia, no se han requerido medidas de coerción personal de máxima intensidad.

La causa ubica a Anzulovich dentro de un conjunto de exintegrantes del gabinete de Rodríguez Saá que quedaron bajo la lupa de la Justicia. El dato no es menor: dos exfuncionarios de ese mismo esquema ya recibieron condenas. Se trata de Cintia Ramírez y Claudio Latini, en procesos que marcaron un precedente en la investigación de responsabilidades penales dentro de la anterior administración provincial.

En ese contexto, el avance sobre Anzulovich refuerza una lenta tendencia que empieza a consolidarse en tribunales: el pasaje de una etapa de denuncias y sospechas a instancias más estructuradas de imputación y eventual juzgamiento.

La audiencia que deberá fijar el juez de Garantía será determinante para el rumbo del expediente. Allí, la Fiscalía expondrá el hecho atribuido y su encuadre jurídico, mientras que la defensa podrá ejercer sus primeros planteos formales. También será el ámbito en el que podrían discutirse eventuales medidas cautelares.

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