El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) se reunieron para avanzar en convenios específicos que optimicen el funcionamiento de las comisiones médicas, la herramienta clave para evitar que los conflictos laborales lleguen a sede judicial. San Luis lidera el ranking nacional de litigiosidad con 300 juicios cada 10 mil trabajadores.
Un informe reciente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) posicionó a San Luis en el puesto N°1 de litigiosidad por accidentes de trabajo del país, con más de 300 juicios iniciados cada 10.000 trabajadores asegurados.
Ese número implica que la provincia duplica el promedio nacional, que se ubica en 132,8 casos cada 10.000 asegurados, y resulta sustancialmente más elevado que el de provincias vecinas como San Juan (37) y La Pampa (17,3 litigios por cada 10.000 asegurados).
Este índice elevado tiene consecuencias concretas: colapsa el Poder Judicial, obliga al trabajador a recurrir a la Justicia para cobrar su indemnización y aumenta considerablemente los costos laborales de las empresas.
Frente a ese escenario, El Gobierno provincial está dando pasos firmes para reducir esos indicadores. Entre las medidas adoptadas se cuentan la firma de distintos convenios con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Poder Judicial provincial, la puesta en marcha de las comisiones médicas de Villa Mercedes y Concarán, y la apertura de una comisión médica anexa en la EDIRO (San Luis).
La reunión de este jueves tuvo como eje central avanzar en un convenio específico que contempla tres compromisos concretos entre las instituciones. Por un lado, el intercambio y acceso recíproco de información vinculada a causas judiciales iniciadas en el marco del Sistema de Riesgos del Trabajo. Por otro, la creación de un Cuerpo Médico Forense Especializado por parte del STJ, destinado a realizar pericias en la totalidad de las actuaciones de jurisdicción laboral. Y en tercer lugar, la constitución de un Fondo de Financiamiento de Honorarios de Peritos, para garantizar el pago de los profesionales que intervengan en cada caso.
La apuesta es clara: cuanto más sólido y calificado sea la labor pericial, más certeros serán los dictámenes sobre los porcentajes de incapacidad, lo que garantiza una justa indemnización para el trabajador y reduce las posibles controversias por diferencias entre la aseguradora y el asegurado.
Del encuentro participaron el presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia, José Guillermo L’Huillier; el ministro Amondarain; la directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda Armestoy; el asesor legal del ministerio de Gobierno, Valentín Laborda Claverie, y referentes del área judicial, de recursos humanos e informática del Poder Judicial, además de funcionarios de la SRT que participaron de manera virtual.
Durante el encuentro se abordaron aspectos operativos, administrativos y de coordinación interinstitucional vinculados al Sistema de Riesgos del Trabajo, en el contexto de la Ley Provincial N°V-1159-2024, mediante la cual San Luis adhirió a la Ley Nacional N°27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N°24.557.
En el corazón del nuevo esquema se encuentran las comisiones médicas, que actúan como instancia previa y obligatoria antes de que cualquier conflicto entre un trabajador y una ART pueda ingresar a la vía judicial. Según las estadísticas del sistema, el 90% de los conflictos se resuelve en esta instancia administrativa, lo que evita una sobrecarga masiva sobre los tribunales.
Las ventajas son concretas: las comisiones cuentan con un plazo máximo de 60 días para expedirse, ofrecen patrocinio jurídico gratuito y disponen de peritos. Para el trabajador, significa una resolución significativamente más rápida de su reclamo. Para las empresas, una reducción sustancial en las alícuotas que abonan a las ART.
A nivel nacional, en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios laborales, con un crecimiento del 6,4% respecto del año anterior. La paradoja que señala la UART es elocuente: mientras los siniestros cayeron 55% y los fallecimientos bajaron 80% en los últimos años, las demandas judiciales continúan en ascenso.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de optimizar los circuitos de actuación, fortalecer el intercambio de información y consolidar mecanismos de cooperación entre los organismos administrativos y judiciales. En los próximos meses se prevé la concreción de los convenios específicos que permitirán implementar de manera efectiva el marco normativo vigente, promoviendo una gestión más ágil, coordinada y previsible, en resguardo de los derechos de las personas trabajadoras y en consonancia con una adecuada administración de justicia.
