El Gobierno nacional prorrogó por un año del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incorporando además nuevos proyectos vinculados a la exploración y producciónde petróleo y gas. LO hizo a través del Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La medida busca atraer inversiones de largo plazo, garantizar estabilidad jurídica, fomentar la creación de empleo y fortalecer las exportaciones en sectores estratégicos como petróleo, gas y tecnología.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la extensión permitirá a las empresas presentar sus proyectos hasta mediados de 2027, ofreciendo previsibilidad y facilidades legales y fiscales para atraer capitales estratégicos. Hasta el momento, el programa ya aprobó 10 iniciativas por USD 25.479 millones.
Qué cambia con la prórroga y los nuevos desarrollos
Según Caputo, la medida busca claridad y eficiencia en la implementación del régimen. “Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por USD 25.479 millones y muchos más en evaluación”, explicó el funcionario en su cuenta oficial de X.
El plazo original para adherirse al RIGI era de dos años desde su entrada en vigencia, pero el Poder Ejecutivo tenía la facultad de prorrogar por única vez hasta un año más, como finalmente ocurrió. La extensión incluye proyectos de exploración y producción de hidrocarburos (upstream), que comprenden desde la búsqueda de yacimientos hasta la extracción de petróleo y gas natural.
El RIGI ofrece incentivos fiscales y legales atractivos para empresas nacionales y extranjeras, entre ellos:
- Reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.
- Exención de derechos de exportación.
- Posibilidad de deducir el IVA desde etapas previas al inicio de operaciones.
- Habilitación para resolver controversias mediante arbitraje internacional.
Los 10 proyectos aprobados por el RIGI
- YPF – Parque solar “El Quemado” en Mendoza: inversión de USD 211 millones, con 305 MW de capacidad distribuidos en dos fases.
- Vaca Muerta Sur (YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell): inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial de USD 3.000 millones; infraestructura en Neuquén y Río Negro para exportación de petróleo, con oleoducto que podría transportar 700.000 barriles diarios y generar hasta USD 17.000 millones anuales.
- Southern Energy (PAE y Golar LNG): instalación de una barcaza para producir Gas Natural Licuado en el Golfo de San Matías, Río Negro; inversión estimada USD 2.900 millones en 10 años, hasta USD 6.878 millones en 20 años.
- Rio Tinto – Proyecto Rincón de Litio en Salta: inversión de USD 2.724 millones para alcanzar 60.000 toneladas anuales de litio, incluyendo nueva planta de producción.
- Sidersa – Planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires: inversión de USD 296 millones, capacidad de 360.000 toneladas anuales de acero “verde”, con más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.
- PCR y Acindar – Parque eólico en Olavarría, Buenos Aires: inversión de USD 255 millones.
- Minera Galán Lithium – Proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca: USD 217 millones, con exportaciones proyectadas de USD 180 millones anuales para 2029.
- Los Azules – Proyecto minero en San Juan (McEwen Cooper): inversión proyectada de USD 2.672 millones para exploración y explotación de cobre.
- Timbúes – Puerto multipropósito en Santa Fe: inversión de USD 277 millones para almacenamiento de fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
- Gualcamayo – Extensión de vida útil de mina en San Juan: inversión de USD 665 millones, generando alrededor de 1.700 empleos directos.
Estos proyectos se distribuyen en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe, y abarcan sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura portuaria, con un fuerte impacto en empleo y exportaciones.
Sectores estratégicos y montos mínimos de inversión
El decreto redefine las actividades comprendidas en los sectores estratégicos:
- Petróleo y gas: incluye construcción de plantas de tratamiento, oleoductos, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petroquímica, refinación, y explotación de nuevos desarrollos costa adentro y costa afuera.
- Nuevos desarrollos costa adentro: áreas sin nivel de desarrollo significativo al momento de la sanción de la Ley 27.742 y sin inversiones de explotación o producción al solicitar adhesión al RIGI.
- Montos mínimos de inversión: USD 600 millones para explotación y producción costa adentro, USD 200 millones para exploración costa afuera.
- Sector tecnológico: comprende biotecnología, nanotecnología, movilidad eléctrica e híbrida, tecnologías de transición energética, industria aeroespacial y satelital, nuclear, software, robótica, inteligencia artificial y defensa.
- La ampliación de proyectos preexistentes puede incluir producción de nuevos productos innovadores con al menos 50% de diferencia en componentes medidos en valor económico, inversión mínima de USD 250 millones y ciclo de vida útil de hasta 10 años.
Mercadería importada y trazabilidad de inversiones
Los proveedores de bienes y servicios que importen mercadería vinculada a proyectos RIGI deberán:
- Garantizar la transformación industrial o integración a la obra.
- Presentar documentación que identifique el VPU, el proyecto RIGI y el contrato de provisión.
- Declarar el balance comercial y flujo de divisas para los primeros tres años, coordinando con el Banco Central en caso de demanda neta de divisas.
- Solicitar la baja voluntaria del Registro de Proveedores RIGI solo si cumplen obligaciones previas y no tienen sanciones en trámite.
El decreto establece mecanismos para asegurar la trazabilidad y segregación de activos, sobre todo cuando coexisten proyectos adheridos y no adheridos al RIGI en la misma área hidrocarburífera.
Impacto económico
Según la normativa, la extensión del RIGI y sus ajustes permitirán atraer inversiones de gran escala, consolidar infraestructura de exportación de hidrocarburos y acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas, potenciando la competitividad de Argentina en el mercado global y fomentando la creación de empleo calificado en sectores estratégicos.
