Tres ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá continuarán bajo restricciones impuestas por la Justicia en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El juez Marcos Flores Leyes, subrogante en el Juzgado de Garantía N°4, resolvió prorrogar por otros 60 días las medidas de coerción contra Claudio Latini, Luciano Anastasi y Ernesto “Pipi” Alí. Los tres deberán seguir firmando el libro de imputados y mantener la inhibición general de bienes. Además, Latini y Anastasi no podrán salir de la provincia durante ese período.
En la causa también están imputados el ex intendente de San Francisco, Jeremías Vivas, y el ex jefe comunal de Cortaderas, Mario Canali, quienes deberán cumplir con las tres medidas.
La fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, explicó que las restricciones originales dictadas por un plazo de 120 días vencían el 24 de enero, por lo que el jueves pasado se realizó una audiencia de prórroga. En la instancia participó Juan Ignacio Trusendi en representación de la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante.
Ninguno de los cinco imputados asistió a la audiencia, aunque sí lo hicieron sus defensas, que se opusieron a la extensión de las medidas.
Maluf recordó que los ex funcionarios y ex intendentes son investigados por presuntas irregularidades en convenios de obra pública firmados desde el ministerio de Seguridad con los municipios de La Toma, San Francisco y Cortaderas.
“Fue más o menos el mismo modus operandi en las contrataciones que se dieron para mejorar algunas instituciones de los distintos municipios. La plata se transfirió, se hicieron adelantos de dinero, las obras nunca se realizaron y no hubo rendición de cuentas. Había comisarías, cuarteles de bomberos y edificios de la secretaría de la Mujer”, detalló.
El primer hecho involucra a Anastasi, Latini y Alí. El 16 de agosto de 2022 se firmaron tres contratos entre el ministerio de Seguridad y la Municipalidad de La Toma por un total de $28.801.501: uno para la refacción de la Comisaría de la Mujer y un comedor de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 6 por $9.947.695; otro para un destacamento de bomberos por $8.894.645; y un tercero para las áreas de criminalística, investigaciones y canes por $9.959.161.
El segundo hecho alcanza a Anastasi, Latini y Vivas. En noviembre de 2022 se celebraron dos contratos con la Municipalidad de San Francisco para la refacción de la comisaría distrito 14 por $8.173.390 y de la jefatura de la UROP 5 por $9.163.961. En marzo de 2024, una constatación judicial corroboró que los edificios permanecían en estado de abandono.
El tercer hecho involucra a Latini y Canali, quienes firmaron un contrato por $14.993.638 para la refacción de la subcomisaría N°22 de Cortaderas. En noviembre de 2023, el convenio fue rescindido sin que se hubieran iniciado los trabajos.
Sobre la prórroga de la inhibición de bienes, Maluf explicó que se trata de una medida habitual en este tipo de procesos: “La inhibición es una medida cautelar muy utilizada en delitos donde está comprometido el patrimonio de los imputados. Sirve para garantizar que, en caso de una eventual sentencia condenatoria, se preserve la incolumidad del patrimonio”.
La fiscal adelantó además que la investigación se encuentra en su etapa final. “Ya estoy culminando con la Investigación Penal Preparatoria. Me quedan algunas medidas más para finalizar y ya estaría en condiciones de realizar la acusación”, indicó.
La situación de Latini se agrava porque ya fue condenado en otra causa por corrupción. El 31 de octubre pasado fue hallado culpable del delito de peculado por sustraer bienes del ministerio de Seguridad antes del cambio de gestión. Recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Él estaría en una condición más desventajosa porque, en el caso de que recayera una condena en esta causa, ya sería distinto el cumplimiento, pero eso depende del resultado que tenga el proceso”, concluyó Maluf.
