Los imputados son la ex diputada albertista, Anabela Lucero y el diputado Joaquín Beltrán. La causa se encamina a una acusación y al juicio oral, pero no se descarta que de las averiguaciones surja una nueva formulación de cargos.
La investigación que confirmó irregularidades en el manejo de los recursos del Estado está en su etapa cúlmine. Hace nueve meses, la ex legisladora albertista, Anabela Lucero y su pareja, el actual diputado Joaquín Beltrán, junto a otros tres ex funcionarios, fueron imputados por hechos de corrupción: uno de los delitos es peculado porque hubo sustracción de elementos, y uso de las personas que trabajaban en el Molino Fénix, como también de las instalaciones y de los vehículos.
En todo este tiempo la defensa de los acusados presentó al menos una docena de recursos que solo significaron una prolongación del proceso porque todos fueron rechazados. Para el fiscal José Olguín la estrategia de los acusados siempre fue la de evitar la formulación de cargos. Hicieron cuestionamientos contra él, y también hacia el juez Santiago Ortiz. Pidieron la nulidad de la denuncia que hizo el Gobierno, cuando asumió en diciembre de 2023, pero tampoco tuvieron suerte. Ahora todo se encamina a una acusación formal y un juicio que deberán afrontar. Sin embargo las sospechas sobre los delitos que cometieron se quieren sostener en más evidencias.
Lo que están preparando tal vez sea lo más complejo de la causa, pero al mismo tiempo es lo más exquisito, como la frutilla del postre. La reconstrucción de cómo utilizaron los dineros públicos en el polo cultural más importante que tiene la ciudad. Es decir, una tarea difícil porque antes de entregar las llaves y el balance, destruyeron toda la documentación, no dejaron nada. Se llevaron computadoras, impresoras, memorias. Todo, según consta en el expediente. No hay registros que permitan corroborar los gastos. Y como de ahí podría surgir un nuevo delito, no se descarta que pueda haber una nueva formulación de cargos contra las mismas personas, antes de que culmine la Investigación Penal Preparatoria. Cuando llegue este momento se va a pedir el desafuero de Beltrán porque de otro modo no lo pueden acusar. Su mandato está vigente hasta el 2027.
“Se está tardando porque hay que reconstruir en base a la información que viene de AFIP y de las cuentas bancarias. Queremos comprobar si hubo o no una administración fraudulenta, y entendemos que todos estos actos tuvieron que hacerse de una manera disimulada”, dijo, y señaló un ejemplo. Para comprobar que los muebles que retiraron Lucero y Beltrán pocos días antes de que cambiara el Gobierno fueron comprados con dinero del Molino Fénix, tuvieron que acudir al negocio y obtener las facturas. “Así estamos haciendo con todo, negocio por negocio donde se adquirieron cosas, para comprobar cada uno de los robos. No había ninguna documentación que diga que esas cosas pertenecían al Molino. Si presentás un balance en 0 tenés que comprobar en qué gastaste la plata”, señaló. Para rearmar el manejo la Fiscalía tuvo en cuenta los testimonios (muchos de ellos trabajadores que le pusieron claridad al rol que cumplían los ahora imputados, y también testigos directos de los momentos en que se vaciaban las instalaciones), y, entre otras cosas, algunas filmaciones.
Cuando este medio le preguntó sobre cuál es el monto que se maneja dijo que se trata de “montos millonarios”, pero fue un poco más específico: “Superan los 2 mil millones de pesos de por entonces”. Al menos si se tiene en cuenta la última gestión donde en los papeles figuraba Beltrán como administrador, aunque las órdenes las impartía Lucero: ella tenía la autoridad, aunque no tenía el cargo. Las pruebas que hay en su contra aseguran que a esas instalaciones las usó como una unidad básica cuando quiso ser intendenta de Villa Mercedes. De hecho, allí se armaban los bolsones de comida que se repartían en campaña (los empleados del lugar tenían que trabajar en eso). La inversión que requirió la compra de esa mercadería no aparece en el balance.
Es a partir de los testimonios de los empleados que se sabe que Lucero usaba las instalaciones como hotel, con los servicios completos de limpieza y de cocina, para beneficio personal. Muchas veces hospedaba a sus parientes, a sus amigos y a los funcionarios (cuando viajaban desde San Luis) y necesitaban quedarse a dormir. También en ese lugar hizo fiestas de cumpleaños.
Olguín dijo que la acusación será por 9 hechos, o más si surge otro al culminar el trabajo contable. Incluirá el delito de robo calificado en poblado en banda, que el juez descartó cuando resolvió la imputación el 14 de marzo del año pasado. En un principio se hablaba que la conducta de los implicados se encuadraba en una asociación ilícita. Los otros implicados son el hermano de Anabela Lucero, Enzo; el cuñado, Ezequiel Scarel, y Diego Torres.
Uno de los hechos tiene que ver con esta reconstrucción que hoy realizan los especialistas en contabilidad, y que sucedió el 9 de diciembre de 2023 (entre las 1 y las 18), un día antes de que asumiera la actual gestión. Consta que mandaron a un chofer a “hacer traslados” en una camioneta cuya cabina estaba repleta de equipamiento tecnológico (entre ellos computadoras y notebooks). Todas las bolsas que acumulaba la información que hoy falta (documentación no solo de la administración sino del personal) se tiraron en el basural del barrio Kilómetro 4. También dice la investigación que la mudanza la habían comenzado en la jornada anterior. De ese momento hay un video que tomó una cámara externa.
Una empleada que concurrió el 11 de diciembre encontró una puerta rota y la oficina desmantelada. Faltaba documentación, computadoras, TV y disco rígido.
Para la Fiscalía los cinco imputados “sustrajeron ilegítimamente equipos de informática y la documentación perteneciente al Complejo Molino Fénix, la Casa de la Música, Zoom del Barrio Eva Perón y Museo “Mono” Gatica”.
“Acá un día, cinco personas, aprovechando el fin de semana se metieron en una casa, vaciaron el lugar y lo cargaron en un auto, eso es un robo. Para el juez no lo es, sino que se trata de una figura contra la administración pública. Cuántas personas entran a robar, como para citar un ejemplo, a las escuelas, y no los castigan por delitos contra la administración pública, sino por robo”, consideró en ese momento Olguín.
Para apoderarse de todo rompieron un armario donde estaban los legajos de los empleados, y las puertas y cadenas de un depósito ubicado debajo de la tribuna del teatro que está dentro de la Casa de la Música.
Los hechos contra los cinco imputados
El primero sucedió el 16/06/23, entre las 22 y las 00 del el 16/06/2023 en la Casa de la Música. Quedó documentado que ese día, entre las 22 y las 00, Beltrán y Torres llegaron a las instalaciones para cargar muebles y otros bienes en una camioneta Hilux (fue facilitada por otra persona), para ser trasladados a la sede política que Anabela Lucero tenía sobre calle Pringles, y que instaló cuando fue candidata a intendenta. Acomodaron los muebles y que cortaron la luz para que estuviera todo oscuro cuando los cargaban, según el argumento del fiscal.
El 27 de noviembre de 2023, cerca de las 22, se ve en una filmación que Scarel “sustrajo varios elementos” y los guardó en su auto particular.
El 9 de diciembre de 2023, entre las 11 de la mañana y las 18, los 5 se hicieron presente en el Molino Fénix y en el Museo José María Gatica para apoderarse de documentación. Rompieron cajoneras y una puerta del teatro de donde sacaron elementos de iluminación.
Al chofer lo mandaron a hacer unos traslados, en una camioneta que tenía la caja “llena de computadoras y notebooks que después no se encontraron”. De la oficina de recursos humanos “hallaron faltante de documentación, muebles rotos”. Según la evidencia fílmica, en el automóvil de Anabela Lucero cargaron bolsas que después fueron descartadas en el basural, en la zona del barrio Kilómetro 4.
Otro hecho es por la utilización de bienes del Molino Fénix, por parte de Lucero y Beltrán “para beneficio privado”. En concreto “usaron el servicio de hotel” que está destinado para los artistas.
Se probó que la pareja vivió en las instalaciones nueve meses, y usaron el servicio limpieza, cocina y seguridad. Que recibieron en las instalaciones a parientes, que hicieron fiestas, que “venían funcionarios a visitarlos y que no pagaban por ningún servicio”.
En otro hecho, se advierte que Beltrán “abrió una cuenta en una estación de servicio” donde cargaban combustibles 14 personas. Había 22 autos registrados que utilizaron ese beneficio pagado con dinero del Estado, a través del Molino. 5900 litros de combustible: que a la fecha están valuados en por lo menos 8 millones de pesos.
También se comprobó que con esos dineros del Estado también “se pagaba a una asesora” que tenía Lucero cuando fue diputada.
Desde el Complejo “se financiaba la campaña política” cuando en 2023 fue candidata a intendenta de Villa Mercedes. En las instalaciones se “armaban bolsones de comida y los empleados eran obligados a participar de actos políticos”. También al personal lo mandaban a limpiar las sedes de ella.
En otra expendedora le ponían combustible a otros dos vehículos, entre ellos una Toyota Hilux, que eran propiedad del Molino. Además, sostuvo que estos eran usados “para actividades políticas y partidarias”, y que la camioneta en una oportunidad viajó hasta Córdoba a buscar los folletos de la campaña. También llevaron gente a votar, y a “retirar gaseosas y fernet” de una distribuidora.
Se agrega otras situaciones donde gastaron plata pública para hacer remeras y banderas de Anabela Lucero, y la contratación de un transporte para trasladar pasajeros desde Villa Mercedes a la sede del PJ en San Luis, o a la Cámara de Diputados.
Por último acreditaron que el Molino pagaba los seguros de los dos inmuebles donde funcionaban las sedes partidarias de Lucero, una de ella sobre calle Pringles.
