El proyecto es un reflejo del rumbo del gobierno de Claudio Poggi: equilibrio en las cuentas y recursos destinados a salud, educación, seguridad y viviendas.
Este martes, el Senado provincial aprobó el Presupuesto 2026, que ya contaba con media sanción de Diputados. El plan, elaborado con base en un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), asciende a $1.885.788.614.110 y prioriza la educación, salud, seguridad y vivienda, en un marco de fuerte dependencia de los recursos nacionales -que representan el 77% de los ingresos provinciales- y con la decisión política del gobernador Claudio Poggi de no endeudar a la Provincia.
Durante el debate, el senador por Junín, Sergio Guardia, defendió la iniciativa como una herramienta de equilibrio y transparencia, destinada a sanear gradualmente las finanzas públicas y a garantizar que los recursos lleguen a las áreas más sensibles.
Guardia recordó que durante el gobierno de Rodríguez Saá se maquillaban los números para ocultar el verdadero destino de los recursos, generando déficits sistemáticos. El senador explicó que se llegaba a incluir en el rubro de inversión gastos corrientes como combustibles o beneficios sociales, lo que distorsionaba la contabilidad provincial y ocultaba la verdadera composición del gasto.
“Hoy se habla con claridad: el 82% son gastos corrientes y el 18% gastos de capital”, remarcó y precisó que de ese porcentaje el 11% corresponde a infraestructura, de los cuales la mitad -$118.000 millones- será para la construcción de viviendas a través del plan ‘Tenemos Futuro’, una de las prioridades del gobierno de Poggi.
El legislador también recordó que durante la primera gestión de Poggi, entre 2011 y 2015, se construyeron más de 12.500 casas a través de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’. En la etapa posterior, bajo el gobierno de Rodríguez Saá, se frenó la edificación de 1.500 viviendas que habían quedado pendientes y que hoy están siendo terminadas por la actual gestión, con el compromiso de ser entregadas antes de fin de año.
Guardia destacó la centralidad de la educación en el presupuesto, con políticas como la universalización de la sala de tres años, la continuidad de programas como ‘Queremos Aprender’ y ‘Queremos Resolver’, el boleto educativo gratuito, el plan TuBi, becas universitarias y actividades culturales y deportivas.
En salud, se prevén ampliaciones y refacciones de hospitales y centros de atención primaria, además de la compra de equipamiento, medicamentos y programas de prevención en zonas rurales.
El presupuesto también impulsa programas de empleo y producción como ‘Mi Próximo Paso’ y ‘Mi Primer Emprendimiento’, junto con la promoción de pymes y las líneas de financiamiento del CFI. Guardia defendió que en políticas sociales “se subsidia el empleo y no el desempleo” y sostuvo que beneficiarios del Plan de Inclusión ya se están incorporando a empresas privadas.
Al finalizar el debate, el senador por Pueyrredón, Martín Olivero, respondió a los cuestionamientos del bloque opositor sobre la independencia judicial. El legislador señaló que resulta contradictorio escuchar a quienes acompañaron a Alberto Rodríguez Saá hablar de autonomía después de 16 años de gestión en los que el Poder Judicial entró en una crisis profunda y dejó de dar respuestas a la ciudadanía.
El senador recordó que durante ese período se designaron jueces y fiscales sin concursos, se incorporaron funcionarios “por la ventana” y se utilizaron integrantes del Superior Tribunal como candidatos del oficialismo, una práctica que debilitó las instituciones y tampoco dio rédito electoral al exgobernador.
Olivero subrayó que no se puede responsabilizar a Claudio Poggi, que lleva apenas un año y medio de gestión, por problemas estructurales que se arrastran hace más de una década. También remarcó que el Presupuesto 2026 contempla un incremento del 23% para el Poder Judicial, frente al 2,4% para el Ejecutivo y el 1,5% para el Legislativo. Si bien los problemas de la Justicia exceden lo presupuestario, el aumento de recursos demuestra la voluntad de acompañamiento por parte del Gobernador y de fortalecer al sistema judicial aún en un contexto económico complejo.
