Una iniciativa legislativa para endurecer las penas en casos de delitos viales será debatida en el Senado de la Nación. El proyecto, respaldado por la Asociación Madres del Dolor y la ONG Estrellas Amarillas, propone modificar cuatro artículos clave del Código Penal Argentino y apunta a eliminar beneficios judiciales para quienes provoquen muertes o lesiones graves al volante en situaciones agravadas, como conducir bajo efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad, huir del lugar del hecho o estar inhabilitados para manejar.
La propuesta fue elaborada por el doctor Natalio Nicodemo, el perito Walter Gorbak y el doctor Miguel Rivas y fue acompañada por la senadora Victoria Huala, quien la presentó en la Cámara con el respaldo de otros legisladores.
La votación está programada para este jueves 18 de septiembre. Si no se trata en esa sesión, el texto perderá estado parlamentario. Además de esta iniciativa, el temario incluye el tratamiento del veto a la ley que impone el reparto automático de los ATN.
“Mañana estaremos en el Congreso de la Nación, para que otras familias no sufran lo que sufrieron las nuestras”, expresó la Asociación Madres del Dolor a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Qué cambios proponen
El proyecto pone el foco en los artículos 14, 76 bis, 84 bis y 94 bis del Código Penal. Las modificaciones pretenden restringir o suprimir herramientas procesales que, en muchos casos, permiten que los responsables de siniestros viales no cumplan penas de prisión efectiva.
- El artículo 14, que regula los supuestos de libertad condicional, ya excluye a los reincidentes y a quienes hayan sido condenados por delitos graves, como homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual o narcotráfico. La propuesta busca incorporar también los homicidios culposos agravados ocurridos en el marco de un hecho vial, impidiendo que los condenados por estos hechos puedan acceder a ese beneficio.
- Por su parte, el artículo 76 bis establece las bases de la suspensión del juicio a prueba, más conocida como “probation”. Según la normativa vigente, puede ser solicitada por personas imputadas de delitos cuya pena no supere los tres años de prisión. Por el contrario, la nueva iniciativa presentada plantea que esta posibilidad quede excluida en casos de delitos viales graves, incluso si la pena prevista se encuentra dentro del rango mencionado.
- El artículo 84 bis establece penas de 2 a 5 años de prisión e inhabilitación especial de 5 a 10 años para quienes causen una muerte por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. En los casos donde se verifiquen agravantes como exceso de velocidad, alcoholemia elevada, consumo de estupefacientes, fuga, inhabilitación o más de una víctima fatal, la pena se eleva a 3 a 6 años. Ahora, proponen modificar esta escala penal con el objetivo de impedir que los responsables accedan a penas en suspenso. La intención es que se cumpla condena de manera efectiva, incluso cuando se trate de hechos considerados culposos.
- El artículo 94 bis, que sanciona las lesiones culposas graves o gravísimas cometidas en condiciones similares, contempla actualmente penas de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación de 2 a 4 años, con un agravamiento a 2 a 4 años en caso de concurrencia de factores como fuga del conductor, no socorro a la víctima o conducción bajo efectos de sustancias. Este apartado también sería reformulado en línea con el resto de la iniciativa, con el objetivo de que las penas resulten proporcionales al daño causado y que no queden sin cumplimiento efectivo por beneficios procesales.
La Asociación Madres del Dolor fue una de las principales impulsoras de la modificación realizada en 2016 al Código Penal, que incorporó por primera vez agravantes como alcohol, velocidad, drogas y fuga del lugar del hecho en casos de delitos viales. A partir de esa reforma, varias provincias adoptaron políticas de Alcohol Cero al volante.
Sin embargo, las organizaciones advierten que los siniestros con consecuencias fatales o con lesiones graves siguen siendo frecuentes. Por ello, consideran que es necesario avanzar con una legislación que refuerce la prevención a través del endurecimiento de las penas y la limitación de beneficios judiciales para los responsables.
El proyecto, que ya cuenta con el aval de varios senadores, deberá ser aprobado en el Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados. Las familias de víctimas estarán presentes en el Congreso durante la sesión prevista, a la espera de que la propuesta avance en el proceso legislativo.
