La Corte de Apelaciones de Nueva York le puso fecha a la presentación oral de la Argentina en la apelación de fondo a la condena en primera instancia por la expropiación de YPF. Será el 29 de octubre, apenas tres días después de las elecciones legislativas. La noticia fue comunicada por la Procuración del Tesoro.
La Argentina está apelando el fallo original de la jueza Loretta Preska, de septiembre de 2023, que obliga al país a indemnizar con más de US$16.000 millones a los fondos que le compraron el juicio a quienes eran los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.
Esa apelación es la más importante para el gobierno argentino porque no solamente reclama que se anule la condena, sino que también cuestiona el monto de la sentencia que fijó Preska.
En paralelo, la Argentina está apelando el pedido de los demandantes de entregar acciones de YPF como parte de pago de esa condena.
En ese proceso, el país ya obtuvo una buena noticia hace pocos días, cuando la Cámara de Apelaciones dijo que el país no tendrá que hacer entrega de su capital en la petrolera hasta tanto no se resuelva la apelación de fondo sobre esa orden de Preska que apuntaba a que los demandantes puedan empezar a cobrar de alguna manera.
Los argumentos escritos de ese procedimiento por parte de la Argentina se presentarán el 25 de septiembre. Luego, será el turno de los beneficiarios del fallo. Recién después podría haber alguna resolución.
Caso Cupón PBI: una buena noticia para la Argentina
La Procuración del Tesoro también informó que la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó un pedido del fondo Aurelius en la causa conocida como Cupón PBI.
Los demandantes habían solicitado una revisión de la decisión previa de esa instancia judicial, que el mes pasado había rechazado la apelación de los demandantes y había confirmado así la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Preska.
“En dicha sentencia se falló a favor de la República Argentina al determinar que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de “No acción” prevista en los contratos», destacó la Procuración. Y agregó que esta novedad evita un potencial pago de US$500 millones.
La cláusula de “No acción” establece una serie de requisitos que los bonistas deben respetar antes de iniciar acciones judiciales. Tanto Preska como la segunda instancia judicial consideraron que Aurelius no cumplió con esos pasos previos.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue los litigios internacionales contra la Argentina, advirtió en su cuenta de X que se espera que Aurelius Capital y otros fondos presenten el caso nuevamente en la corte de la jueza Preska “corrigiendo” el tecnicismo que llevó a la magistrada neoyorquina a fallar a favor de la Argentina.
El caso del Cupón PBI tiene varios reclamos abiertos en Estados Unidos y una sentencia firme en Londres, por la versión en euros de ese bono que debía abonar intereses en función del crecimiento económico argentino. El reclamo principal de los demandantes está ligado a una supuesta manipulación de estadísticas para evitar el pago de los cupones.