Alberto Fernández llegó este mediodía a Comodoro Py. Había sido citado por el juez federal Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa seguros.
Fernández ya fue indagado en noviembre de 2024, pero en ese momento la causa estaba a cargo de Julián Ercolini. En esa declaración, el ex presidente solo contestó preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un breve escrito en el que defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.
Sobre los intermediarios que aparecían en las pólizas, Fernández aseguró en ese momento que “no genera una erogación del erario público” y destacó que se limitaron las comisiones al 10 por ciento por una decisión interna de Nación Seguros. Además, el ex presidente intentó despegarse de los brokers: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros, quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”.
Ahora, ante una inminente definición de su situación procesal, el ex presidente pidió ampliar su indagatoria. Casanello lo citó en apenas 24 horas. “Fue rápido a pedido de la defensa, que tenía un viaje previsto”, dijo una fuente judicial.
Ayer, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes del ex presidente Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. El tribunal además reclamó que el juez Casanello resuelva la situación procesal de todos.
El fallo era muy esperado por la mayoría de los empresarios investigados. Desde abril, cuando el juez ordenó la inhibición y los embargos, no podían vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tenían accesos a sus cajas de seguridad.
Varias defensas apelaron y esperaban hace semanas una definición. Esa demora agitó los rumores sobre la cercanía de los procesamientos.
Además del ex mandatario, la inhibición afectaba ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, al broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, a las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 personas y empresas.
En un fallo dividido, el tribunal sostuvo que las medidas cautelares no se justifican ante la falta de una definición sobre la situación procesal de los imputados.
“Considero que en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta”, dijo en su voto el camarista Martín Irurzun.
En tanto, Eduardo Farah destacó que las indagatorias se hicieron hace más de seis meses. “Tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora- circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso», opinó.
En cambio, Roberto Boico votó en disidencia por mantener las inhibiciones.