Augusto Toledo y Paola Tonelli fueron encontrados responsables de los delitos de falsificación de instrumentos privados y defraudación a la administración pública. Graciela Apaza Señani quedó absuelta.
Este viernes la Justicia condenó a Paola Tonelli y Augusto Toledo a cuatro años de prisión por organizar, confeccionar, distribuir y comercializar certificados médicos truchos en San Luis.
Por unanimidad, el Tribunal del Colegio de Jueces conformado por José Luis Flores (presidente), Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis, entendió que se acreditaron los delitos de falsificación de instrumento privado, en concurso real y defraudación a la administración pública provincial, en calidad de coautores, en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Para ambos hubo agravantes: extensión del daño, multiplicidad del delito y los motivos que los determinaron a delinquir.
En tanto que la tercera imputada, Graciela Apaza Señani quedó absuelta luego de que el ministerio Público Fiscal retirara la acusación en los alegatos al entender que “no estaban acreditados” los delitos.
La imputación por “asociación ilícita” con la que llegaron los tres, también fue retirada.
Previamente, en los alegatos, la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, había solicitado una condena de siete años de cárcel por “adulteración de documentos privados continuados en concurso real, y fraude a la administración pública, agravado”.
Lo cierto, es que la pareja continuará en la cárcel.
A lo largo de las tres jornadas que se desarrolló el debate oral desfilaron alrededor de 10 testigos y especialistas que aportaron datos claves para la investigación tal como los allanamientos, las recetas médicas apócrifas, conversaciones, audios, boletas de pago y mucho más.
La querella, representada por el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, sostuvo que se trata de un fallo «positivo y muy importante”.
“Ambos condenados utilizaban los certificados para engañar a la administración pública. Uno de los objetivos de este juicio era desalentar estas prácticas de certificados apócrifos”, indicó en declaraciones a El Chorrillero.
Antes, durante la audiencia final, había adherido a la solicitud de Palacios tanto en los delitos, como en la cuantificación de la condena y el retiro de Apaza Señani del cuadro delictivo.
El organismo del Gobierno intervino porque se registraron certificados apócrifos por parte de trabajadores de la administración pública. Fueron detectados más de 90 agentes estatales incursionaron en el delito.
En los alegatos en la Sala N° 1 del Poder Judicial, Calderón Salomón destacó el caudal de pruebas aportadas y cómo demostraron la cadena ilícita desde la publicidad a través de las redes sociales hasta el pago a través de billeteras virtuales.
“Cada prueba afianzó la anterior. Quizás un certificado aislado y sin contexto no se entiende, pero con todos los elementos aportados, conversaciones y mucho más, se demostró cómo operaban”, dijo.
Gracias a esto, según el funcionario, permitió identificar un “patrón común”: “Si observamos las declaraciones de testigos de los allanamientos, de agentes del Estado, de las empresas afectadas y la prueba, se observa la configuración de delitos graves”.
Este viernes culminó el debate. (Foto Periódico Judicial)
No solo eran generados para «justificar» inasistencias sino también las falsificaciones alcanzaban aptos médicos para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para asignaciones familiares, libretas sanitarias y otros documentos utilizados para justificaciones laborales y escolares.
Eran ofrecidos a través de las redes sociales e incluso por Whatsapp. El cliente los contactaba, hacía el pedido, convenía el precio (que cotizaba por día de inasistencia y podía llegar hasta $16 mil) y luego se concretaba la entrega.
Ante la evidencia, sostuvo que la pareja “sabía lo que hacía” y los calificó como “especialistas que sabían moverse en el mercado negro”. “Hay que reconocer la capacidad delictual que tenían. Llama la atención la habitualidad y naturalidad con la que se manejaban, sin ningún tipo de temor”, sumó.
Además, habló de una “coordinación perfecta” que incluía hasta el uso de deliverys para repartir los documentos falsos.
“Era tal la impunidad que, aún después de ser imputados y advertidos por la Justicia, continuaron con la promoción y venta de certificados. Estuvieron frente a un juez de Garantía y siguieron operando. Por ejemplo, luego de los allanamientos, recibieron dinero en Mercado Pago”, precisó.
Dicho este primer análisis, Salomón Caderón se detuvo en argumentar el porqué de la intervención de la Fiscalía de Estado y cómo “lo público” fue dañado y perjudicado.
“Se manejaron con total impunidad durante dos años con un repudio hacia el orden público. Detrás de cada certificado falsificado entregado hay un voto de confianza traicionado”, manifestó.
Luego de mencionar que, a mediados de 2024, le llegó el primer informe por parte de otros organismos como la dirección de Recursos Humanos y otras instituciones, se observó cómo “el claro ilícito se consumaba”.
“No quedan dudas que hubo defraudación al Estado”, aseveró y ejemplificó primeramente que Toledo se desempeñaba como maestranza de planta permanente en la Escuela Juan Tulio Zavala y que registró más de 200 inasistencias, 95 de ellas “justificadas con certificados truchos”.
Dijo que “el daño fue consumado”. Sin embargo, añadió la consideración que más le preocupa: “Montón de trabajadores públicos cumplen con su tarea diariamente, se presentan en sus lugares, cumplen con la ley y aportan documentos legales al momento de no asistir. Todos ellos están en regla. Se les traicionó a ellos”.
“Me preocupan porque observan que fue defraudada la confianza”, indicó y explicó que el impulso de la denuncia pretende “desalentar este tipo de conductas”.
“Cometer estos ilícitos tiene consecuencias jurídicas”, añadió.
En otro pasaje, el abogado se refirió a la defensa de Tonelli y Toledo. Aseguró que “nunca señaló la inocencia” de ambos, sino que la estrategia apuntó a “formalidades” del trámite judicial.
“El debido proceso estuvo garantizado”, contempló.
Palacios a la hora de defender la teoría del caso se detuvo en que «no hay dudas de los delitos». Así, calificó como “empresa criminal” la relación entre los dos con una “clarísima división de las tareas” que se observó a través de las conversaciones y testimonios.
“Había publicidad de la oferta, se transaccionaba y se introducía el certificado apócrifo al sistema. Había un claro engranaje”, comentó y puso en un lugar destacado el informe de la responsable del Área de Análisis Criminal del Departamento de Delitos Complejos, Carina Bernal.
Este viernes culminó el debate. (Foto Periódico Judicial)
Había presentado un estudio caligráfico con 46 certificados que llevaban la firma del médico Marcelo Velázquez, impulsor de la denuncia.
“El peligro que implicaba la circulación de estas recetas resulta indiscutible. El fraude contra la administración pública se concretó. Se valió de la estructura criminal para ello. Se valió de los certificados falsos para realizar un perjuicio cada día. Falseó la realidad. En cada inasistencia se le pagó con las arcas del Estado”, completó.
Por otro lado, agregó que “no había elementos que indicara que Apaza tuviera un vínculo delictivo con la pareja”. Los chats fueron considerados la pieza clave para ello.
“Era utilizada como instrumento”, apuntó y contó que “solo se dedicaba a la impresión”. Las pericias en las comunicaciones fueron la base para la conclusión.
Héctor Zavala, el defensor de Apaza Señani, estuvo de acuerdo con el retiro de la imputación y pidió la absolución, aunque hizo varios reparos: “No se puede retirar el perjuicio que le generó todo este proceso, sobre todo porque se trata de una persona de trabajo”.
“Recibió maltratos, no solo en lo material porque dejó de trabajar, sino moral. Toda esta circunstancia fue muy difícil de sobrellevar. Fue un descrédito al que fue expuesta. El perjuicio no será reparado”, lamentó.
Federico Farías, representante de Tonelli y Toledo hizo duras observaciones del proceso judicial y en los alegatos solicitó que la pareja sea absuelta por el beneficio de la duda porque “se desvirtuó el principio de inocencia”.
La principal objeción que remarcó fue “la falta de actas y órdenes que acrediten la carga probatoria” debido a que “no fueron incorporadas”.
“La sola falta de un acta de allanamiento tira abajo todo. Se hizo mal todo desde abajo en la investigación ¿cómo sabemos que todo lo secuestrado en la causa pertenece a mis defendidos?”, se preguntó.
De igual manera transmitió cuestionamientos a la cadena de custodia y solicitó que no se valoren los testimonios recolectados durante las tres audiencias.
Hizo hincapié en que “no se le desarrolló la pericia caligráfica a Tonelli y Toledo” y pidió que el material probatorio reconocido por testigos tampoco sea considerado.
Más del tercer día de la audiencia
Antes de la condena declararon cuatro testigos, todos aportados por la querella y que sostuvieron el porqué del perjuicio al Estado: la directora de la Escuela Juan Tulio Zavala, María del Carmen Díaz; la responsable de Control de Ausentismo, Lorena Andrea Graña; el director de Recursos Humanos del ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, Alberto Sibert y el director de Recursos Humanos del ministerio de Salud, Jorge Luis Aostri.
La primera fue Díaz que desarrolló qué tareas de mantenimiento cumplía Toledo en la institución y cómo, de forma permanente, presentaba certificados por inasistencia por diferentes enfermedades.
Graña detalló cómo es el proceso que debe atravesar la presentación de un certificado y ahondó en los datos irregulares que reflejaban las presentaciones de Toledo.
“Advertimos que él no era el único, sino que alcanzaba a diferentes agentes”, dijo y aseguró que se comunicaron desde el organismo con médicos que confirmaron que no eran de ellos los documentos.
También fue exhibido un chat de una empleada del lugar. Se hizo pasar por una compradora. Allí se le explicó por parte de la pareja la operatoria que incluía los precios: por 72 horas el valor era de $8 mil, sumado al delivery ($2 mil más).
Sibert dio datos concretos: Toledo tuvo 95 días de faltas justificadas y 118 injustificadas.
El perjuicio a las arcas del Estado que calculó, contabilizando todos los certificados falsos (los de Toledo y el resto de los trabajadores), fue de $25 millones.
Por último, Aostri señaló que confirmaron que tres profesionales médicos fueron afectados.
Tanto Zavala como Farías no aportaron testigos en el debate.
El Chorrillero