La jueza de Garantía Luciana Banó prorrogó la medida de coerción de Marina Silva. La investigación avanza mientras se esperan las conclusiones de una pericia psicológica y psiquiátrica.
A poco de cumplirse ocho meses del cruel asesinato de Bautista Silva Funes (2) y Sofía Ojeda Funes (7) en manos de su madre, Marina Silva, este lunes se realizó una nueva audiencia en la causa. La fiscal de Instrucción Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Nº 2, Antonella Córdoba, solicitó la prórroga de la prisión preventiva por otros 120 días.
Ante la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, la fiscal relató su teoría sobre lo ocurrido el 1° de octubre en la vivienda donde la policía residía con sus hijos, en el barrio Los Fresnos de Juana Koslay.
Detalló que, entre las 5:30 y las 6:30, mientras los pequeños dormían, “la imputada Silva tomó el arma reglamentaria y se dispuso a dar muerte a sus dos hijos”. “Previo a ello colocó una almohada y una toalla sobre el rostro de los niños, y les propinó dos disparos a cada uno a quemarropa”, afirmó.
Córdoba fundamentó la continuidad de la medida de coerción en la necesidad de cautelar el proceso y garantizar la presencia de la acusada en el debate oral. Sumó a eso la existencia de elementos de convicción suficientes sobre el hecho, la autoría de la policía, el peligro de fuga y la pena en expectativa.
Este lunes se prorrogó la prisión preventiva.
La mujer está imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, agravado por el uso de arma de fuego.
La representante del Ministerio Público Fiscal también hizo alusión al comportamiento y la actitud de la imputada tras cometer el hecho. Planteó que “lejos de quedarse en la escena y colaborar, se dio a la fuga”. Consideró que eso evidencia “su falta de voluntad de someterse al proceso”.
En la misma línea, hizo referencia al riesgo de entorpecimiento, debido a que podría influir en testimonios que aún no han sido incorporados, entre ellos, compañeros de trabajo y personal policial. Lo mismo estimó en el caso del círculo íntimo, que ya compareció ante la Justicia.
“Si bien la mayoría de estos testigos ya prestaron declaración, son de vital importancia y necesitamos que, al momento del debate, al momento en que se conviertan en prueba, estén libres de cualquier injerencia”, afirmó.
“Entiendo que nos encontramos ante una causa compleja, que ha conmocionado absolutamente a toda la opinión pública y también a la sociedad, en virtud de las particularidades y la convicción del delito. Por otra parte, tenemos como víctimas fatales a dos criaturas menores de edad, quienes de la peor manera fueron despojadas del bien jurídico protegido más preciado que una persona pudiera tener: el derecho a vivir”, expresó el abogado querellante, Esteban Bustos.
Agregó: “El avance de la investigación y la solidez de la imputación”. Por eso, adhirió al requerimiento de la Fiscalía.
Por su parte, el defensor Oficial N°1, Carlos Salazar, hizo referencia a una pericia psicológica y psiquiátrica sobre Silva, cuyos resultados aún no han sido incorporados. Explicó que la medida fue realizada por un cuerpo profesional de otra provincia, lo que produjo demoras en su concreción. Estimó que en los próximos días se remitirán las conclusiones.
Salazar también mencionó inconvenientes con la concurrencia de testigos que habían sido convocados, pero que no comparecieron “pese a haber sido citados en reiteradas oportunidades por la Defensoría”.
Si bien reconoció la complejidad de la causa, se opuso a la prórroga de 120 días y propuso un plazo de 90 días, al considerarlo prudencial para concluir con el proceso.
Finalmente, la jueza Banó hizo lugar a la solicitud de Córdoba. Fundamentó su decisión en la complejidad del caso, la solidez de la imputación, la pena en expectativa, y la necesidad de asegurar los fines del proceso y evitar cualquier tipo de riesgo procesal.
El Chorrillero